Históricamente, las personas trabajadoras en el sector informal han sido excluidas de la toma de decisiones económicas y políticas, y su trabajo se devalúa e invisibiliza sistemáticamente. La pandemia de COVID-19 solo ha intensificado estas dinámicas y ha provocado un aumento vertiginoso de las tasas de violencia doméstica, lo que genera una urgencia renovada para abordar la pobreza, la exclusión y el trabajo precario.
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