Cada verano, Miguel* se despierta antes del amanecer para recoger tomates, melocotones y sandías, un trabajo que alimenta a familias de todo el país. Está aquí legalmente con un visado H-2A, pero, como muchos trabajadores agrícolas, no tiene seguro médico. Para manejar el cuidado de su diabetes, Miguel depende de los centros de salud comunitarios.
Ahora, una propuesta para cambiar una normativa amenaza con quitarle ese salvavidas.
La nueva interpretación de la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad Laboral de 1996 redefiniría el concepto de «beneficio de salud pública» para excluir del acceso a los centros de salud a personas como Miguel e incluso a quienes están aquí legalmente. Si se aprueba, este cambio no le permitirá a Miguel recibir los cuidados de salud que necesita para sobrevivir.
Ahí es donde entra en juego nuestra Red de Salud.
La Red de Salud conecta a pacientes como Miguel con servicios de salud más allá de las fronteras estatales, los sistemas y las barreras. Pero si se aprueba esta norma, es posible que ni siquiera nuestros mejores esfuerzos sean suficientes. La diabetes no espera. Si no se trata, puede provocar ceguera, insuficiencia renal, amputaciones e incluso la muerte.
Esta propuesta es política. La salud de Miguel no debería serlo.
Su donación antes del 31 de diciembre protege el acceso a los servicios de salud de los trabajadores agrícolas como Miguel y rechaza las políticas que ponen en riesgo las vidas.
Unámonos por la compasión, no la política.
